Profesionales
y familias no se ponen de acuerdo en la idoneidad de esta medida: con carácter
general se acepta la inclusión, pero muchos profesores objetan que no hay
recursos suficientes para atender correctamente a los pequeños
21/1/2019
El debate
está tan polarizado que, si no cambian las circunstancias, difícilmente se
vislumbra una solución que vaya a satisfacer a las dos partes. El Gobierno
quiere traspasar a la inmensa mayoría de los 37.136 alumnos matriculados en
centros de educación especial, según datos del Ministerio de Educación, a los
llamados centros ordinarios. Así obliga un acuerdo firmado con la ONU y que por
ahora no se ha cumplido.
“Ya era hora,
debe hacerse”, vienen a algunos expertos, la ley y algunas familias. “Es un disparate,
no hay recursos y algunos pequeños están mejor atendidos en los centros
especiales”, replican otros padres y maestros.
La dicotomía
viene a ser esa. Con carácter teórico, casi todo el mundo estaría de acuerdo
con la inclusión bien practicada. Pero luego está la realidad, dibujada con
pocos recursos materiales y humanos, clases atestadas (¿se puede atender bien a
un chico con necesidades educativas especiales en un aula de 30 alumnos?) y
profesores con pocos recursos, motivación e incluso formación, a decir de
algunas expertos.
En este sentido, un
estudio de la doctora en Pedagogía de la Universidad de Jaén Marta Medina establecía
que el 50% de los profesores son “indiferentes” a la atención a la diversidad y
uno de cada seis (el 16%) está en desacuerdo con la inclusión.
La
medida
La ministra
anunció sus planes en el Senado en diciembre. Isabel Celaá explicó
que el Gobierno pretende convertir los centros de educación especial en
“centros sectoriales de apoyo a la inclusión que brinden el asesoramiento y la
ayuda necesarios para que el alumnado que esté actualmente escolarizado en
estos centros específicos pueda incorporarse progresivamente a los centros
ordinarios”.
Poco más se
conoce con detalle. El Ejecutivo no ha detallado si dispone de alguna partida
presupuestaria específica para llevar a cabo la medida ni qué plazos concretos
maneja para implementarla. Observando los Presupuestos Generales del Estado,
los montantes destinado a Educación Primaria, Educación Secundaria, Educación
Compensatoria o Inversiones en Centros Educativos, las partidas a priori donde
debería enmarcarse esta propuesta, son básicamente iguales a las del año
anterior.
También es
cierto que con las competencias en Educación transferidas a las comunidades
autónomas, sería a estas a las que correspondería asumir el grueso del cambio.
Esta
circunstancia, a su vez, plantea paradojas, según explica Iris Carabal, maestra
de Primaria con especialidad en Pedagogía Terapeuta en la Comunidad Valenciana.
“Es una contradicción lo que se hace aquí con lo que quiere hacer el Gobierno.
En Valencia están sacando a los niños adolescentes con problemas de salud
mental y problemas de conducta graves a unidades dentro de centros específicos,
las llamadas Unidad Educativa Terapéutica / Hospital de Día. Y el Gobierno hace
lo contrario, no tiene sentido”.
Carabal también expresa sus
dudas con los detalles de la implementación. “Necesitamos más apoyos, un plan.
¿Cómo se va a hacer esto? En Valencia, cuando se hicieron más aulas específicas
de comunicación y lenguaje para alumnado con trastorno del espectro autista se
notó en las oposiciones. Hubo un boom de plazas de maestros AL
(de Audición y Lenguaje). No sé cómo quieren encauzar un cambio tan grande”. Y
recuerda que hay muchas modalidades de escolarización (a tiempo completo en un
centro ordinario, a tiempo completo en un centro específico, escolarizaciones
combinadas entre ambos, aulas específicas para alumnos con necesidades dentro
de centros ordinarios…).
El
panorama
Primero, la
fotografía fija. En España hay 37.136 alumnos matriculados en centros de
educación especial este curso. El número ha subido un 1,9% respecto al anterior
(700 estudiantes más). Sin embargo, hay dos colegios menos: los 473 del curso
2017-18 pasaron a ser 471 este año. Estos 37.000 alumnos son el 17% de los
menores con diversidad funcional. El resto ya está matriculado en el sistema
ordinario.
El sector tiene unos
porcentajes de educación privada (concertada sobre todo) superiores a la
media en un país
que ya tiene más educación privada que su entorno. Además, aunque el
sector público es más pequeño que el privado, acoge a más alumnos. Así, el
59,6% de los alumnos de educación especial están matriculados en centros
públicos, aunque estos suponen un 40% del total de los existentes.
A nivel normativo, la ley es
bastante clara. La Convención
Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU,
ratificado por España en 2008 y por tanto de obligado cumplimiento (en la
jerarquía normativa, los tratados internacionales solo quedan por debajo de la
Constitución), establece que todos los niños deben ser matriculados en centros
ordinarios.
El artículo
24 de dicho texto expone en su punto 2: “Las personas con discapacidad no
queden excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad,
y que los niños y las niñas con discapacidad no queden excluidos de la
enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria por
motivos de discapacidad”.
“La
escuela no es inclusiva”
Pero la ley
no se cumple. Lo dijo la ONU en una reciente visita a España y lo defienden
muchos profesionales consultados. “El sistema educativo paralelo establecido
para aquellos estudiantes con discapacidades que no encajan en las escuelas
generales se convierte en trayectorias paralelas de la vida escolar, el empleo
y más tarde la residencia, lo que lleva a resultados de vida muy diferentes”,
señaló Theresia Degener, presidenta del Comité de la ONU sobre los derechos de
las personas con discapacidad.
“Estructuralmente, la escuela
no es inclusiva aunque nos llenemos la boca de decirlo”, valora Ignacio
Calderón, profesor en el departamento de Teoría e Historia de la Educación en
la Universidad de Málaga y autor de
varios libros sobre la cuestión. “La escuela inclusiva es una
escuela en la que todas las personas están juntas y se educan juntas. En el
momento en el que se hacen escolarizaciones que no lo hacen, la escuela deja de
ser inclusiva”, argumenta.
La Justicia también se ha
pronunciado sobre la cuestión recientemente. En los últimos años han salido por
todo el Estado varias
sentencias favorables a familias que han peleado los dictámenes de la
administración educativa que enviaban a sus hijos a centros
especiales.
Uno de estos casos llegó al
Tribunal Supremo (TS), que
estableció que los niños con necesidades educativas especiales deben ser
matriculados sí o sí en centros ordinarios, excepto casos muy
excepcionales, y que debe mantenerse así, realizando las “modificaciones y
adaptaciones (…) necesarias y adecuadas”, excepto si resultan una “carga
desproporcionada o indebida”, que en ningún caso significa agotar las medidas
disponibles sino las posibles.
Llevad los
recursos a los niños y no los niños a los recursos, viene a decir la Justicia.
En estos parámetros se mueve la propuesta del Gobierno: vaciar los centros de
educación especial de alumnos no significa eliminar sus recursos materiales y
humanos; significa reasignarlos al sistema general, que ganaría en
profesionales y medios.
Los
defensores de la inclusión aducen varios motivos para serlo. “Está contrastado
que aprendemos de la diferencia”, explica Calderón. “¿Cómo te preparas para una
sociedad intercultural si no a través de la interculturalidad?”, se pregunta.
Medina,
doctora en Pedagogía, añade: “Si no conviven, si el chico sin discapacidad no
sabe que existen chicos con otras necesidades, estamos muy lejos de conseguir
el modelo social al que aspiramos. La educación tiene un papel importantísimo
en conseguir este modelo. Esa es la magia de la educación inclusiva, aporta más
a los chicos sin discapacidad que a los que la tienen”.
La
realidad es la que es
Pero hay
muchas familias y profesionales que no lo ven. “En el documento [de la visita
de la ONU a España] no consta que (…) visitaran ningún centro de educación
especial, lo que sin duda les habría dado una visión más completa y ajustada a
la realidad”, explican desde la Plataforma Educación Inclusiva Sí, Especial
También.
“La realidad
es que no hay dos sistemas, sino un único sistema donde los niños con
necesidades educativas especiales son atendidos bajo diversas modalidades de
escolarización. Los centros de educación especial son centros especializados
que dan una respuesta personalizada y garantizan los apoyos necesarios a cada
niño. El derecho a no ser discriminado no supone tratar a todos igual, sino tratar
a cada uno como necesita”, concluyen.
Carabal,
maestra de Pedagogía Terapéutica, explica su realidad: “El sistema educativo
actual en centros ordinarios no es capaz de evaluar al alumnado con
dificultades específicas del aprendizaje e intervenir de manera efectiva, y
pretenden que se asuma la atención a alumnado con necesidades de carácter grave
y permanente”.
“Soy la
primera a la que le encantaría una mayor inclusión educativa y social”, matiza,
“pero faltan recursos. Y también debemos aceptar las limitaciones de cada
necesidad. Las personas que se encuentran en ciertos perfiles funcionales
(autismo, Síndrome de Down, daño cerebral adquirido, etc.) tienen un estilo de
vida distinto que merece ser respetado”, elabora.
De
Portugal a Nueva Escocia
El proyecto del Gobierno
sigue los pasos de Portugal, donde los alumnos con discapacidad matriculados en
centros especiales son la gran minoría. En la región estadounidense de Nueva
Escocia se llevó esta práctica hasta el final: no existen centros de educación
especial. Y el sistema no ha colapsado, recordaba
Gordon Porter, el ideólogo de esta medida, durante una visita reciente a Madrid.
¿La inclusión
es una cuestión de recursos nada más? “En un sentido estricto, no. La inclusión
es que los niños vayan al colegio que les toque. La esencia es que pasen cinco
horas al día, cinco días a la semana, año tras año, con chicos de su edad y
entorno. Este es el elemento más importante”, sostiene Porter en base a su
experiencia.
Pero sí
admite que quien mucho abarca, poco aprieta: “No podríamos haber hecho esto [un
sistema educativo sin colegios especiales] si no dedicáramos todo el dinero a
la inclusión. Tienes colegios ordinarios y colegios especiales. Nadie tiene
dinero para financiar ambos. Nadie. Así que cogimos todo el dinero de un sitio
y lo pusimos en el otro”, explica.
ResponderEliminarUna noticia interesante pero difícil de tratar y mucho más difícil encontrar una solución. Existen muchas opiniones diferentes y muy radicales a su vez sobre este conflicto. Parece que no existe término medio al respecto y cómo siga así jamás se llegará a un acuerdo y tenemos que ser conscientes de que , al final, son los niños los que salen perjudicados.
Desde mi punto de vista y tras mi experiencia impartiendo clases a niños con diversidad funcional y el trato que mantengo con sus familias, opino que tenemos que ser flexibles. Cada familia es un mundo, existen numerosas discapacidades y muy diferentes entre sí, sin olvidarnos de que afrontar esta situación no es nada fácil para algunas familias. La integración siempre es BUENA, pero no siempre es posible que se produzca de manera adecuada si el educador no posee los recursos o apoyos necesarios. Por ello, creo que cada familia debería tener el mejor asesoramiento profesional posible y la libertad de decidir qué educación es la más conveniente para su hijo.
No debemos olvidar que la integración SIEMPRE ES BUENA.